Por Francisco Marcén, presidente de INTEROVIC y de las cooperativas de Ovino de Carne de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
Hace ya más de un año, desde la Interprofesional INTEROVIC solicitamos a las CCAA controles más efectivos para el cumplimiento de las normas europeas y estatales en materia de etiquetado en origen de esta carne, competencias transferidas a las autonomías.
Cumplir la legislación es una prioridad, no solo para salvaguardar la calidad de nuestra carne de cordero y lechal y, por tanto, sus características diferenciales. Es prioritario también porque así lo demandan los consumidores españoles.
Buena prueba de ello la encontramos en las encuestas que encarga INTEROVIC a una prestigiosa empresa especializada en estudios de mercado que, por segundo año consecutivo, ponen en evidencia que el factor origen es el más valorado (9 sobre 10 puntos) por los españoles cuando se les pregunta por los corderos de calidad, lechales y cabritos.
Y es que desde hace más de dos años las normas comunitarias y nacionales obligan a etiquetar el país de origen y fecha de sacrificio de todos los corderos que no hayan estado, al menos, 6 meses en España.
Como decía, en 2015, INTEROVIC contactó y emplazó a las CCAA sobre la necesidad de hacer cumplir la legislación vigente ya que ellas son las responsables de su control.
¿Qué ha pasado desde entonces? Lo cierto es que en las últimas semanas -y en el marco de una operación de la Guardia Civil- se han detectado casos en los que se han etiquetado presuntamente corderos de origen extranjero como si fueran españoles.
Es un hecho que a España llegan lechales procedentes de Francia, Italia y Grecia. Pero lo que está reclamando el sector representado en INTEROVIC es la correcta etiquetación y cumplimiento de la normativa.
Otro hecho constatado es que gran parte de la distribución, con despliegue publicitario a precios muy baratos y utilizando esta carne como reclamo comercial sobre todo en Navidad, no destaca, en líneas generales, el origen del producto.
Además, quiero apuntar también que la normativa europea no se lo pone difícil, pues requiere un tamaño de letra ridículo, de 1,2 milímetros, o no exige la exposición de estos datos en la vitrina si la carne es al corte.
Estos precios bajos perjudican a los ganaderos españoles, muchos de los cuales están a punto de arrojar la toalla. Decepcionan al consumidor final, que compra un producto que, con cambios de temperaturas y después de varios días de sacrificio, está próximo al punto de caducidad en el momento de consumo. Y, por supuesto, perjudican al medio ambiente por las emisiones de carbono que emiten los transportes durante varios miles de kilómetros –ida y vuelta-.
Por tanto, es responsabilidad de todos: consumidores, transformadores y productores exigir el cumplimiento de la normativa y una mayor visibilidad del país de origen y fecha de sacrificio.
Sirvan estas líneas para que actuemos en unidad de acción y también para que las organizaciones de consumidores comuniquen asimismo a las Administraciones las irregularidades detectadas. Nosotros, por supuesto, y como Interprofesional que agrupa a todo el sector, estamos atentos y vehicularemos todos los casos en busca de la transparencia y cumplimiento de la legalidad.